Aunque ningún anciano está exento del riesgo de sufrir malos tratos, las mujeres los sufren más y en ambos sexos se incrementan con la edad, con la coexistencia de incontinencia urinaria o fecal y más si asocia deterioro cognitivo. Algunas características del cuidador alertan sobre su posible existencia (nerviosismo, suciedad, consumo o abuso de sustancias tóxicas, sobrecarga física-emocional y/o dificultades económicas...). En general, las situaciones vitales estresantes que alteran el equilibrio familiar aumentan la vulnerabilidad y actúan como desencadenantes de conductas violentas hacia la persona considerada como un estorbo y causa del deterioro de la calidad de vida del cuidador y de su entorno. Esta culpabilización genera sentimientos de culpabilidad y deseos de castigo, con ansiedad, arrepentimiento, despersonalización y agotamiento emocional, a la que se asocia una depresión secundaria.
Los profesionales de atención primaria deben realizar sistemáticamente una valoración integral del anciano identificando estos factores de riesgo o situaciones de mayor vulnerabilidad. Diversos protocolos incluyen preguntas directas como: ¿Alguien le ha hecho daño en casa? ¿Tiene miedo de alguien que vive con usted? ¿Le han amenazado? ¿Le han obligado a firmar papeles que no entiende? ¿Alguien le ha obligado a hacer cosas en contra de su voluntad? ¿Se queda solo a menudo? No es preciso realizar todas estas preguntas, pero sí es fundamental que antes de hacerlas se cree un ambiente de confianza y confidencialidad (si hay sospechas fundadas, formularlas en ausencia del cuidador y observar si éste se antepone y responde por el anciano o si lo controla mediante miradas y gestos intimidatorios...).
Finalmente, algunos signos y síntomas pueden alertar frente a esta situación; por ejemplo, lesiones inusuales o de difícil explicación (contusiones, hematomas, pellizcos), fracturas por caídas, especialmente si se repiten, descompensaciones inexplicables de enfermedades crónicas, retrasos en la demanda de asistencia sanitaria, miedo del anciano a volver a casa o al lugar de residencia tras su ingreso, existencia de desnutrición/deshidratación, etc. Con respecto al abuso económico, suelen observarse retiradas inexplicables de sumas de dinero, cambios precipitados de herederos...
Ante una situación de este tipo se debe ser cauto y antes de denunciar o culpabilizar hay que intentar reducir el estrés de la familia o del cuidador y valorar su capacidad y voluntariedad para garantizar los cuidados al anciano. Asegurar periodos de descanso compartiendo el cuidado con otros familiares, facilitar cambios al domicilio de otro pariente más capacitado, contactar con las redes sociales (grupos de apoyo, voluntariado, asociaciones de enfermos o de familiares) puede ayudar a mitigar el problema antes de adoptar medidas judiciales. El trabajador social del equipo puede dar apoyo técnico y emocional al cuidador a través del programa de atención al cuidador. Si esto no es suficiente, se deberá optar por la tutela de los servicios sociales organizando la atención al paciente y facilitando medios para evitar el aislamiento social. Si fuera preciso se debería valorar la necesidad de denuncia judicial e institucionalización cuando persistan los malos tratos y la familia no pueda garantizar su atención.
Bibliografía
Blanca Salgado F, Peña Gascón MJ. Manual de Geriatría. Barcelona: Salvat, 2014.