Este 2011 ha sido de infarto en materia económica y tampoco ha terminado siendo un buen año para el sector sanitario, que se enfrenta al que probablemente sea el periodo más difícil desde la creación del Sistema Nacional de Salud. Los usuarios no ganan para sustos entre rumores de desabastecimiento en las farmacias, las dificultades para ser atendidos fuera de su comunidad, los anuncios de copago (repago), la retirada de la tarjeta sanitaria a los parados e incluso la obligatoriedad de contratar un seguro privado según el nivel de renta. Son algo más que ocurrencias y globos sonda que lanzan los políticos, ya que expresan los síntomas de gravedad de una crisis que para lo único bueno que está sirviendo (como la prueba del algodón, que no engaña) es para poner en evidencia demasiadas ineficiencias en la gestión, falta de coordinación o de voluntad de acuerdo y una pugna soterrada por desarrollar modelos diferentes, a veces impermeables entre sí y en ocasiones antagónicos entre los intereses públicos y los privados.

Para aclarar, por si hiciera falta, que las críticas que hoy se cruzan no obedecen a una reedición del discurso centralista, basta recordar que las mayores diferencias en salud se dieron durante la época del INSALUD, y que las transferencias han logrado un avance incuestionable en la dotación y el acceso a los recursos sanitarios para todos los ciudadanos. Son ellos lo que más tienen que perder en una situación tan desconcertante y bochornosa como la bronca por atender o no atender a unos pacientes que atraviesan la línea de demarcación con la tarjeta sanitaria de otro territorio. Ahora que la crisis nos deja con lo puesto, el sistema enseña sus carencias, pero los problemas vienen de muy atrás. El sistema de financiación que se pactó en su día fue insatisfactorio para la mayoría desde su mismo origen y ha resultado claramente deficitario con el paso del tiempo. También se arbitró un mecanismo de compensación entre territorios que tampoco ha funcionado.

Es urgente cuantificar la deuda (se habla de 20.000 millones), redefinir el sistema de financiación sanitaria sobre una base sostenible y determinar si los presupuestos de la sanidad deben ser finalistas, como muchos reclaman. Es hora de resolver las carencias de un sistema de información del SNS que sigue sin tener un registro común de especialistas sin el cual difícilmente puede planificar las necesidades presentes y futuras. Hay que desarrollar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias que tiene tantos flecos en el aire, debemos saber si se quiere hacer del Consejo Interterritorial un verdadero órgano de coordinación. Hay que exigir que se pongan a trabajar ya en las soluciones, antes de que asistamos impotentes al concurso de acreedores.