Al nuevo gobierno catalán le ha faltado tiempo para colocar en primera línea de sus prioridades la reducción del déficit público. En sus primeras manifestaciones públicas el conseller de Economía ha destacado el problema muy serio ocasionado por el «excesivo gasto sanitario», que en 2010, según su homólogo en Salud, generará un déficit de 850 millones de euros sobre un presupuesto superior a los 10.000 millones.

La situación en Cataluña es apurada, pero no es muy distinta a la del resto de España y es posible que incluso sea mejor que la de otras comunidades. La diferencia es que el nuevo gobierno de la Generalitat catalana ha puesto en su punto de mira la reducción del gasto sanitario específicamente y del gasto público en general, y lo ha manifestado públicamente.

A lo largo de estos días numerosos expertos han sido consultados por distintos medios de comunicación y han dejado oír sus opiniones y propuestas de actuación. Desde estas mismas páginas se ha tratado de modo reiterado la necesidad de abordar reformas estructurales del sistema de salud, la última vez el pasado mes de diciembre (ver nº 826). A estas alturas las opciones de reforma del sistema parecen suficientemente claras y de lo que se trata es de llevarlas a cabo, tarea harto compleja y difícil y con muy escasos antecedentes de éxito en nuestro país, por no decir ninguno.

Algunas cuestiones no parece pues que precisen de un mayor debate: el gasto sanitario, de igual modo que el gasto social en su conjunto, es muy superior al presupuesto asignado, que a su vez se ve afectado por la caída de los ingresos generados por el Estado. La capacidad de endeudamiento del Estado se ve encarecida y limitada por el déficit generado. Dicho de otro modo: ¿le prestaría usted dinero a alguien que gasta bastante más de lo que ingresa? La situación ha llegado a tal punto que en España ya no es posible seguir como si no pasara nada y la reducción del déficit público debe ser el primer objetivo económico. Bajo esta perspectiva deben interpretarse las medidas de contención del gasto aplicadas a lo largo del 2010: reducción salarial a los funcionarios y cuerpos asimilados, reducción del gasto farmacéutico, demora en el pago a proveedores, congelación de inversiones..., que sin duda han sido medidas imprescindibles, pero coyunturales e insuficientes si no se acompañan de reformas de mayor profundidad.

No obstante, las necesarias reformas en el sistema de salud tienen sus detractores, que consideran que el sistema de salud universal, gratuito y público debe mantenerse a toda costa. Cualquier propuesta de reforma se interpreta en algunos de estos foros como recortes inaceptables del gasto social, privatización del sistema o subordinación a las presiones ejercidas por los mercados financieros. Desde mi punto de vista la situación es algo distinta: no hay dinero suficiente para pagar el gasto sanitario y para mantener los logros alcanzados por el sistema de salud las reformas son imprescindibles. Si la alternativa a las reformas es no hacer nada, es decir, mantener el sistema sanitario sin ninguna modificación estructural, la expectativa de obtener resultados distintos y mejores no parece que sea una opción muy razonable.

¿Pero cuáles son esas reformas tan necesarias? En principio todas las que favorezcan una mayor eficiencia del sistema de salud. De entrada, introducir acciones que permitan incrementar las partidas económicas destinadas a sanidad y disminuir los gastos. Las opciones para incrementar los ingresos son bien conocidas: subidas de impuestos (hay que insistir en que la presión fiscal en España es una de las más bajas de la zona euro), reducción drástica del gasto público en otras partidas para dedicarlo a sanidad, pago directo por parte de los usuarios de determinados servicios que no cubren los presupuestos públicos... Un efecto parecido se puede conseguir incrementando la productividad, que en el sector público español en su conjunto es una de las más bajas de Europa. Para ello, además de mejorar los sistemas de registro de la productividad de los profesionales, los centros sanitarios deben ser más eficientes y para conseguirlo su autonomía de gestión debe ser mayor que en la actualidad.

Al fin y al cabo el esquema de las reformas a implantar en el sistema de salud (y en el conjunto del sector público) no está muy lejos de las que el resto de países europeos se han venido planteando e implantando desde los años setenta. Básicamente se trata de dar respuesta a preguntas cómo: ¿qué necesidades deben ser atendidas por el Estado? ¿Quién paga qué? ¿Quién produce los servicios? En nuestro caso y a diferencia de otros países europeos, la respuesta mayoritaria ha sido siempre «el Estado».

Podemos quedarnos de nuevo cruzados de brazos, esperando que la economía se recupere con la consecuente mejora de las finanzas públicas. Pero no sabemos cuánto puede demorarse esa recuperación y difícilmente volveremos a disponer de una situación tan propicia como la actual para abordar las reformas necesarias.