Pese a la etapa de gran crecimiento económico que se vivió tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1985, el incremento del gasto sanitario, la aparición acelerada de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas y un clima generalizado de reformas sanitarias en Europa aconsejaron, con el apoyo de todos los grupos políticos de la Cámara, la creación de una comisión para analizar, evaluar y proponer mejoras en el SNS, la Comisión Abril Martorell, cuyo Informe publicado en 1991, pese al gran impacto que causó, no fue suficiente para que alguna de las 64 recomendaciones que recogía fuera implantada.
El Informe y las Recomendaciones abordaban los problemas detectados en el SNS: una atención primaria poco resolutiva con el gasto concentrado en la atención hospitalaria o el escaso impacto de la Medicina Preventiva y la Salud Pública en la educación sanitaria de la población y en la promoción de la salud. Pero también el excesivo centralismo y rigidez del sistema, orientado básicamente al cumplimiento de los procedimientos formales antes que a la obtención de los mejores resultados.

La reformas abordadas con posterioridad fueron puntuales y afectaron al SNS marginalmente: el desarrollo del modelo concesional en Valencia o la promulgación de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS en 2003. En todos estos años la realidad apunta a que la reforma efectiva del sistema de salud nunca ha estado en la agenda de los políticos y en las escasas ocasiones en que lo ha estado, como la denominada privatización de la sanidad en Madrid o el recorte de derechos y prestaciones dictados en 2012,2 ha llegado a adquirir visos esperpénticos.

Sin duda la centrifugación de las competencias a 17 Comunidades Autónomas es un grado de dificultad y complejidad añadida en el SNS, pero no justifica sin más la excesiva burocratización, la colonización política del sistema, el predominio entre los directivos sanitarios de la afinidad política con el partido en el gobierno antes que la preparación y la profesionalidad y que la distinta contribución, esfuerzo y resultados obtenidos no puedan reconocerse por no estar contemplados en el marco laboral estatutario, vigente desde hace mucho más de 25 años.

A lo largo de estos años han aparecido otros problemas: el más evidente la crisis económica que debe obligar a un rediseño del SNS, de la cobertura sanitaria y de su financiación. Y como consecuencia de la crisis, la incapacidad de las administraciones públicas para abordar por si solas nuevos proyectos de inversión o para mantener los actuales niveles de gasto posrecortes. Las estructuras asistenciales del SNS tampoco están preparadas para la atención a pacientes crónicos y los profesionales sanitarios siguen sin ser una voz tenida en cuenta.

En estos 25 años el progreso de la sanidad española ha sido innegable, pero este progreso se debe principalmente a la contribución de los profesionales sanitarios que, pese a las trabas del propio sistema, han sido capaces de adquirir nuevos conocimientos, han incrementado su nivel de competencia técnica, homologable al de los países más avanzados, y han introducido las nuevas tecnologías que han reportado mejoras muy notables en la atención a sus pacientes.
No se puede decir lo mismo del manejo y administración del SNS. En estos 25 años el sistema se ha guiado por un despotismo demasiado ignorante y poco ilustrado, un todo para el pueblo pero sin el pueblo y sin saber o no querer efectuar las transformaciones necesarias para impulsar el SNS.

1. Sevilla F. La universalización de la atención sanitaria. Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social. Documento de trabajo 86/2006. Fundación Alternativas. Madrid, 2006.
2. Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.