La comunicación ministerial subraya las aportaciones fundamentales de la reforma, destacando diez puntos que denominan clave. Siendo todas las acciones propuestas tan necesarias, provechosas y aportando tantos beneficios a los ciudadanos y al propio sistema de salud, ¿cómo es que no han sido implantados mucho antes? La insostenibilidad financiera del sistema de salud no es algo nuevo y que se pueda achacar en exclusiva a la actual crisis económica.

Una reforma sanitaria siempre es un proyecto de transformación de notable complejidad. En el contexto español a las cuestiones legales, económicas, médicas, políticas, se añaden estereotipos ideológicos e incluso elementos emocionales. Ciertamente, la capacidad de maniobra del Gobierno central en materia sanitaria es limitada puesto que la mayor parte de las competencias sanitarias están en manos de las comunidades autónomas y el acuerdo entre gobierno y comunidades nunca ha sido algo evidente. La reforma gubzernamental se centra en la urgente necesidad de recortar drásticamente el gasto sanitario, sin duda necesario en el corto plazo, pero se echa de menos un planteamiento más ambicioso, que vaya más allá y aborde los problemas de calado que limitan y en ocasiones ahogan el desarrollo del sistema sanitario. Una propuesta que aporte algo de luz y esperanza, evitando la percepción extendida de que se ha iniciado el desmantelamiento y liquidación del sistema de salud.

El Sistema Nacional de Salud ha funcionado con mínimos cambios desde su creación en 1986, pero los problemas de salud y la asistencia sanitaria actuales poco tienen que ver con los de entonces. El sistema ha dado de sí todo lo que podía y ha sido mucho, pero parece ilusorio esperar que sin cambios importantes pueda desarrollar las respuestas necesarias para afrontar nuevos problemas en un contexto radicalmente distinto.

Buena parte de las reformas necesarias dependen de las comunidades autónomas, aunque precisan del impulso y del apoyo de la Administración Central. La gran mayoría de las transformaciones necesarias no dependen del contexto económico ni están sujetas a limitaciones presupuestarias, pero requieren de los gobernantes coraje, capacidad pedagógica y altura de miras.

Sin pretender ser exhaustivo, las reformas pendientes en el sistema nacional de salud pasan por su desburocratización, por «desfuncionarizar» a los profesionales sanitarios y por la descolonización política y partidaria de los cargos directivos de las instituciones asistenciales. Es necesario instaurar una cultura de evaluación que permita distinguir y reconocer a las mejores instituciones y prácticas clínicas. Es imprescindible orientar el sistema a la atención a los pacientes crónicos e introducir una mayor responsabilidad de los ciudadanos tanto en el cuidado de su propia salud como en el sostenimiento del sistema. Conviene avanzar en la colaboración público-privada, entendida como instrumento para la gestión de políticas y servicios públicos a partir de la complementariedad, del conocimiento y las capacidades mutuas, de unas reglas de juego adecuadas y respetadas, de la transparencia y rendición de cuentas. Hospitales y centros de salud no pueden ser tratados como un servicio más de la Administración pública, por lo que deben disponer de entidad jurídica propia y órganos de gobierno integrados por personas expertas e independientes que garanticen la adecuada gestión de estas instituciones, su identidad diferenciada y su supervivencia.

La lista de posibles transformaciones de calado es larga, pero el interés de los políticos por abordarlas es escaso. La crisis justifica sobradamente dedicarse al corto plazo, a los recortes, pero si no se avanza en dotar al sistema de salud de los fundamentos necesarios para su excelencia y competitividad futura, la reforma actual quedará limitada a un desmantelamiento progresivo del sistema, a una suerte de liquidación de existencias por fin de temporada.