Lo más llamativo es sin duda el incremento del copago farmacéutico vinculado al nivel de renta de los trabajadores activos y pensionistas y la ampliación del copago a los productos ortoprotésicos. No obstante, según el propio gobierno los efectos de estos copagos en las cuentas públicas van a ser muy limitados, aunque parece evidente que su implantación requerirá de unos gastos no precisamente menores.

Las nuevas medidas también pretenden rebañar aún más el gasto farmacéutico con un sistema de «precios seleccionados», que aunque nadie sabe lo que significa todo el mundo teme lo que pueda suponer. Prácticamente se niega la asistencia con cargo al Sistema Nacional de Salud a los inmigrantes que no acrediten su residencia fiscal en España, medida que sin ninguna duda va a generar una fuerte controversia, y se crea un fondo para compensar a las comunidades autónomas que atiendan a ciudadanos residentes en otras comunidades.

El nuevo decreto pretende favorecer la libre circulación de profesionales entre comunidades, dificultada aparentemente por la disparidad de categorías profesionales existentes, lo que en opinión de nuestras autoridades ha de propiciar notables ahorros. Se invoca al mantra de la eficiencia mediante la creación de una pseudocentral de compras para cualquier producto «susceptible de un mecanismo de compra conjunta y centralizada».

Sorprende que con esta batería de medidas la administración pretenda obtener un recorte de la magnitud anunciada, porque la complejidad de las propuestas va a enlentecer su implantación y su efecto económico no va a ser percibido en este ejercicio. Algunas medidas presuponen un modelo organizativo centralizado inexistente, así como una orientación a la eficiencia que la administración sanitaria no tiene y que difícilmente se puede improvisar. Requiere modificaciones legislativas importantes, la existencia de sistemas de incentivos acordes con lo que se persigue y un funcionamiento distinto al propio de una administración burocrática.

La práctica totalidad del gasto sanitario está transferido a las comunidades y la capacidad de la administración central del Estado para actuar sobre él es limitada: o recupera transferencias o interviene a alguna comunidad, lo que supondría el pitido inicial para la demolición del estado autonómico. La recentralización del Estado se plantea reiteradamente como un posible remedio a la crisis y el propio Decreto desprende un fuerte aroma centralizador, cuando incide en la homogeneización, la cohesión y la igualdad de derechos como elementos inspiradores. Sorprende que la distinta diligencia mostrada por las comunidades en la aplicación de recortes al gasto sanitario no sea un factor a considerar cuando se planean introducir más recortes que no pueden ni deben ser iguales en todas ellas.

La magnitud de la crisis obliga a reducir el gasto sanitario y a buscar nuevas fuentes de financiación, pero también supone una irrepetible oportunidad para transformar el conjunto del sistema de salud y a las organizaciones sanitarias que operan en él.

Ya sabemos que la restricción financiera de la sanidad mejorará cuando la economía española vuelva a crecer, pero de momento no hay fecha para ello. Entretanto, el gobierno se ha concentrado en los recortes aunque se trate de recortes ma non troppo. No nos engañemos, la reducción más efectiva del gasto público y por tanto del gasto sanitario pasa por una nueva reducción de los salarios de los funcionarios públicos, opción de la que el gobierno huye como gato escaldado, pese a tener las competencias para decretarlo. La pregunta es ¿hasta cuándo podrá resistirse?

La situación que vivimos es «lo nunca visto»; ni los más viejos del lugar recuerdan algo parecido, aunque sorprendentemente las respuestas y soluciones propuestas sean las de siempre, más de lo mismo. A medio y largo plazo sólo caben reformas, en profundidad, tanto de las prestaciones como de su cobertura, de su financiación y de las instituciones que las prestan. Reformas imprescindibles para la viabilidad de un Sistema Nacional de Salud fatigado y envejecido, reformas que nunca han estado presentes en la agenda de nuestros políticos, reformas que para ellos son una dimensión desconocida.