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elabs
07 Mayo 2012

Según el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH ante la reforma aanitaria propuesta por el Gobierno Español, la crisis económica está sirviendo de pretexto al Gobierno para tomar medidas más de índole ideológica que sanitaria poniendo en peligro de muerte a muchas personas con enfermedades crónicas como el VIH.

En el manifiesto hecho público recuerdan que el Real Decreto-ley pone fin al principio de universalidad del sistema sanitario español y se niega el derecho a la sanidad pública (limitándola a las urgencias) a «extranjeros no registrados como residentes, a mayores de 26 años que nunca hayan cotizado y a desempleados que hayan agotado el subsidio y no acrediten encontrarse sin recursos». Esto coloca en situación de mayor vulnerabilidad a los sectores de población más desprotegidos como personas inmigradas, mujeres que no han cotizado, por su dedicación al cuidado familiar, jóvenes que dada la coyuntura socioeconómica no han encontrado un empleo y que nunca han cotizado, trabajadoras y trabajadores del sexo o personas desempleadas de larga duración, agravando el riesgo de exclusión social e incrementando las desigualdades en salud. Especialmente grave es la situación de las personas extranjeras en situación irregular, que a 31 de agosto se encontrarán sin cobertura sanitaria, lo que, en el caso de las personas seropositivas, puede significar una sentencia de muerte al no recibir medicación para

tratar el VIH o el resto de enfermedades que el paciente puede desarrollar por no recibir la medicación antirretroviral. «En el caso del VIH/sida, los costes humanos y económicos de dejar a miles de personas sin una asistencia adecuada serán a largo plazo altísimos».

En cuanto al copago incluido en la reforma, señalan que aunque todavía no está claro si dicho copago afectará también a la medicación para el VIH, si se aplican algunos de los criterios de la ley, como que el paciente avance entre un 10% y un 50% de su coste, en algunos casos se impedirá el acceso en la práctica a los antiretrovirales. Asimismo, el acceso a los diferentes fármacos destinados a hacer frente a las infecciones oportunistas también estaría en riesgo al suponer un importante impacto económico para las personas que viven con el VIH, lo que conllevaría un grave perjuicio para la salud personal y comunitaria claramente evitable.

Por todo ello, el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH considera que las medidas del Gobierno ponen en peligro la salud pública, pues al negar la cobertura sanitaria o dificultar el acceso, aumenta el riesgo de generar focos de enfermedades transmisibles como el VIH y, por tanto, de expansión de la epidemia, al tiempo que empeora la salud, la calidad y la esperanza de vida de personas enfermas. Según afirman, países como Portugal, Italia, Francia, Bélgica u Holanda no son tan restrictivos y en algunos casos han tenido que dar marcha atrás al constatar las consecuencias que tiene para la salud pública dejar a una parte de la población desatendida.

24 Abril 2012

Hoy ha sido publicado en el BOE el Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en el que se han introducido una serie de modificaciones.

En dicho decreto se especifica que las ortoprótesis, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente son considerados servicios accesorios y sujetos a copago por parte del usuario. En el Decreto se señala que «la aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a la aportación».

No obstante, en la Disposición adicional segunda se aclara que en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del nuevo Decreto-Ley el Consejo de Ministros aprobará un decreto para la regulación de la cartera suplementaria de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y para el establecimiento de sus importes máximos de financiación. También será regulada antes de 6 meses, mediante una orden ministerial que recoja los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud, la prestación y copago del transporte sanitario no urgente sujeto a prescripción facultativa.

23 Abril 2012

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Decreto Ley de reforma del Sistema Nacional de Salud, que pretende ser el instrumento que permita generar unos ahorros superiores a los 7.000 millones de euros en gasto sanitario. El Decreto, aprobado a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, recoge modificaciones normativas en seis grandes áreas:

Universalidad

La reforma garantiza la universalidad de la sanidad al tiempo que pone fin «a los abusos en las prestaciones sanitarias». Por primera vez en la historia se establecen controles para evitar el denominado turismo sanitario y el uso de los servicios de salud por ciudadanos extranjeros que no residan de forma legal en España. En la práctica, esto supone que ya no será suficiente con acreditar el empadronamiento para obtener la tarjeta sanitaria, tal y como sucedía hasta ahora.

Para luchar contra el turismo sanitario se adapta la normativa europea que permite la libre circulación pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria. El hecho de no haber llevado a cabo estas modificaciones legislativas antes ha impedido, a decir de la ministra, que se pueda facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros en un solo año, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas.

E-salud y cartera de servicios común

Ante las diferencias existentes entre las prestaciones que reciben los españoles en función de la Comunidad Autónoma en la que residen, la reforma aprobada sienta las bases para establecer una cartera de servicios común.

La cartera de servicios común estará dividida en categorías. Así, la cartera básica común de asistencia sanitaria incluirá los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente. Todos estos servicios seguirán siendo gratuitos..

La Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones, similar al NICE británico, será la encargada de evaluar las prestaciones que se incluyen o excluyen «de una manera imparcial y objetiva».

Esta medida se complementa con la introducción de las nuevas tecnologías, la llamada E-Salud, en el sistema sanitario, lo que permitirá implantar la tarjeta sanitaria común compatible para todas las comunidades autónomas y la historia clínica digital. De este modo, se reducirán las visitas y pruebas médicas innecesarias. Este conjunto de medidas permitirá un ahorro mínimo de 700 millones de euros.

Gasto farmacéutico y cartera suplementaria

Como ya informábamos días atrás. la reforma crea un nuevo sistema de aportaciones del usuario en farmacia en el que por primera vez se tiene en cuenta la renta, la condición de activo o pasivo y la condición de enfermo crónico.

Por primera vez los pensionistas pagarán un 10% del precio de las medicinas. Los que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta (el 90% del total), aportarán un máximo de ocho euros al mes. Para los que tengan obligación de declarar, el máximo estará en 18 euros mensuales. Por su parte, los pensionistas con rentas superiores a los 100.000 euros anuales pagarán el 60% de las medicinas, pero tendrán un tope de 60 euros al mes.

Estarán exentos del copago farmacéutico los titulares de pensiones no contributivas y, por primera vez, los parados de larga duración.

En cuanto a los ciudadanos en activo, los que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta seguirán pagando el 40% del precio de los fármacos, como hasta ahora. Los que tengan obligación de hacerla pagarán el 50% y las rentas superiores a 100.000 euros pagarán el 60%.

Este nuevo sistema, que podrá empezar a funcionar en un plazo de dos meses persigue obtener además un efecto disuasorio que evite que se acumulen y se tiren medicamentos de forma masiva.

Por otra parte, el Decreto incluye un nuevo sistema de actualización del Nomenclator de medicamentos, que sacará los fármacos obsoletos o sin eficacia terapéutica, a la vez que se incorporan otros innovadores. Asimismo, se fijarán precios de referencia y precios seleccionados para abaratar las medicinas.

Al mismo tiempo, se seguirá potenciando el uso de genéricos, y se pedirá a las compañías farmacéuticas que adecúen los envases a la duración de los tratamientos. Según el equipo ministerial, todas estas medidas supondrán un ahorro estimado de 3.550 millones de euros.

Otras medidas

La reforma también establece la creación de una Plataforma de Compras Centralizada. Este mecanismo de ahorro, que ya ha comenzado a funcionar en la compra de vacunas, se extenderá a toda la Sanidad y se aplicará tanto para medicamentos hospitalarioscomo para tecnología médica. Estima el Gobierno que este sistema generará un ahorro mínimo de 1.000 millones de euros, que podría llegar a 1.500 millones.

También se impulsa el desarrollo profesional del personal sanitario, y se da cumplimiento a peticiones históricas,que reclamaban facilitar la movilidad e estos profesionales entre los servicios de salud. Para ello, se elaborará un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establezcan equivalencias. Un conjunto de medidas que se espera que suponga un ahorro adicional de 500 millones de euros.

Finalmente, la reforma incluye mecanismos para que el sector de la sanidad y el de los servicios sociales funcionen de manera coordinada se aprovechen los recursos de forma ordenada. De este modo, por ejemplo, se garantizará que se recibe la atención adecuada en una residencia de mayores cuando no es necesario el uso de una cama hospitalaria. Con este sistema el Ministerio prevé ahorrar en torno a 600 millones de euros.

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