El Gobierno ha aprobado el nuevo real decreto que regulará la actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos laborales. La nueva norma es una propuesta de los ministerios de Sanidad y de Trabajo que se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012, y tiene dos objetivos: mejorar la calidad de la actividad sanitaria realizada por los servicios de prevención de riesgos laborales y homogeneizar las acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores en toda España.

El decreto establece unos requisitos mínimos que deberán cumplir los servicios sanitarios de los servicios de prevención de riesgos laborales para poder ser autorizados, y pretende corregir prácticas inadecuadas como la realización de exámenes de salud no relacionados con el riesgo laboral. Además, el texto incluye el desarrollo de programas de formación, información e investigación en el ámbito salud laboral. La norma también refuerza la figura del médico especialista en medicina del trabajo y recoge que el servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales deberá contar con un especialista en medicina del trabajo como director técnico. Asimismo, se precisa la cualificación y número de profesionales sanitarios requeridos para el ejercicio de la actividad sanitaria en función de los trabajadores tutelados, por lo que establece que hasta 2.000 trabajadores se exigirá una Unidad Básica compuesta por un médico del trabajo o de empresa y un enfermero de empresa o del trabajo. Para fijar este criterio, aplicable en todas las Comunidades Autónomas, se han tenido en cuenta las tasas del resto de las especialidades médicas que intervienen en el SNS.

En cuanto al equipamiento, el decreto señala que los servicios sanitarios deberán disponer de espacios adecuados para la recepción de los usuarios, una zona de atención, los apoyos generales del servicio y una zona de personal para garantizar la intimidad en un área específica separada del resto del servicio de prevención. La vigilancia de la salud de los trabajadores se realizará en función de los riesgos derivados del trabajo de la empresa. También se podrán establecer acuerdos de colaboración entre servicios de prevención ajenos y la subcontratación en el caso de los servicios de prevención propios, pero se señala que no se podrá encomendar la elaboración del programa específico de vigilancia de la salud ni la vigilancia de la salud colectiva.

El decreto establece el seguimiento, control y calidad de sus actuaciones por parte de las autoridades sanitarias. En este sentido, el texto prevé que el Ministerio de Sanidad deberá elaborar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, una guía básica y general de orientación de las actividades de vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales que incluirá criterios de buena práctica profesional y calidad de la actividad sanitaria en prevención de riesgos laborales.

Vuelve el debate sobre el copago sanitario en el 2011, un debate abierto en España desde el Informe Abril del año 1991. Y ya entonces se planteaba el copago no con el objetivo de aumentar los ingresos, sino para que los usuarios del sistema sanitario fueran conscientes de los costes generados, anticipando que eso podría lograrse facturando al paciente cada acto médico. Desde entonces hasta el día de hoy la propuesta ha sido multidimensionalmente analizada, con argumentos opuestos que van de la evidencia científica hasta conclusiones como «quién le pone el cascabel al gato».

Muy diferentes criterios han sido esgrimidos para evaluar la adecuación de la medida. Mantener la equidad en el gasto, sea por nivel de renta o por comunidad territorial en España; la dificultad de medir si un servicio tiene un uso adecuado o no por los ciudadanos; la priorización de las reformas estructurales del sistema de salud; la prioridad de aplicación según la elasticidad de la demanda a instalar un copago, sea para aumentar los ingresos o para reducir los costes; su carácter de repago adicional al pago de tributos; y finalmente, la existencia de otros mecanismos potenciales, como el pago del 40% de la prestación farmacéutica, la factura fantasma de Málaga o el cobro de los servicios de hostelería en hospitales.

Un primer paso ineludible, aceptado ampliamente, parece ser la profesionalización de la gestión en el sector sanitario. Plantea el profesor de ESADE Joan Coscubiela (exrepresentante de CCOO en el sector salud), que los agentes que participan en el gasto sanitario no tienen la disciplina necesaria a nivel de presupuestos porque para empezar no creen suficientemente en ellos; o como proclama la ministra Pajín, antes de hacer nada hay que agotar todas las medidas de ahorro y eficiencia. Pero quizá hoy con esto no sea ya suficiente, y aquí aparece el marketing como un paso más, como una ciencia social que a través de su paradigma, de su visión del mundo, puede aportar nuevas soluciones. Y el marketing nos reta a entender qué valoran realmente los usuarios de este servicio, para que mediante cambios en el servicio obtengamos el deseado cambio de comportamiento del usuario y uso más eficiente de los servicios.Y el marketing nos aporta básicamente dos reflexiones hasta ahora poco presentes en el debate.

La primera reflexión es que lo que no se paga, no se valora. El usuario ya sabe que no hay nada gratis, y también intuye (de un modo muy elemental, sin claras interrelaciones) que su papel en este intercambio es una suma de usuario, contribuyente y elector. Pero desde el marketing sabemos que en cualquier compra, en cualquier servicio recibido, cuando no llegamos a pagar nada por un intercambio, cuando no nos genera un coste, acabamos atribuyendo un menor valor al servicio recibido. Y aunque recibir una factura fantasma sobre el coste del servicio recibido ayuda a medio plazo, nada como una dolorosa real para entender que allí tenemos derechos y deberes.

La segunda reflexión proviene de la investigación de mercados. En el Barómetro del Ministerio de Sanidad, un instrumento de investigación que pregunta a los propios usuarios del servicio, obtenemos resultados demoledores: del 50% de españoles que van anualmente a los servicios de urgencia hospitalaria, el 70% van por iniciativa personal, la mitad porque no coincidía su demanda con el horario del centro de salud, y la otra mitad porque consideran que en los hospitales tienen más medios y se resuelven mejor los problemas. Realmente la percepción del mundo de nuestros clientes es un mundo en sí misma.

Los indicadores clínicos de nuestro sistema sanitario hablan de un referente europeo del que aprender; los indicadores económicos lo identifican como insostenible, sin ninguna viabilidad a largo plazo sin fuertes medidas correctoras. Por lo tanto falta mejor gestión, que aumente la viabilidad del modelo, y desde el marketing la solución pasa por lograr que el usuario valore más el servicio recibido. Y aquí el copago sanitario debe aplicarse para reducir el consumo excesivo, aceptando que es un repago, y escogiendo más tarde entre el modelo sueco o francés. Porque estamos en un campo de aplicación denominado marketing social, donde el objetivo no es producir más intercambios, más compras y ventas, sino que los servicios existentes sean más valorados, se racionalice su uso, y al final el usuario valore más la calidad recibida. Para simplemente hacer viable un modelo clínicamente excelente.