Según el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH ante la reforma aanitaria propuesta por el Gobierno Español, la crisis económica está sirviendo de pretexto al Gobierno para tomar medidas más de índole ideológica que sanitaria poniendo en peligro de muerte a muchas personas con enfermedades crónicas como el VIH.

En el manifiesto hecho público recuerdan que el Real Decreto-ley pone fin al principio de universalidad del sistema sanitario español y se niega el derecho a la sanidad pública (limitándola a las urgencias) a «extranjeros no registrados como residentes, a mayores de 26 años que nunca hayan cotizado y a desempleados que hayan agotado el subsidio y no acrediten encontrarse sin recursos». Esto coloca en situación de mayor vulnerabilidad a los sectores de población más desprotegidos como personas inmigradas, mujeres que no han cotizado, por su dedicación al cuidado familiar, jóvenes que dada la coyuntura socioeconómica no han encontrado un empleo y que nunca han cotizado, trabajadoras y trabajadores del sexo o personas desempleadas de larga duración, agravando el riesgo de exclusión social e incrementando las desigualdades en salud. Especialmente grave es la situación de las personas extranjeras en situación irregular, que a 31 de agosto se encontrarán sin cobertura sanitaria, lo que, en el caso de las personas seropositivas, puede significar una sentencia de muerte al no recibir medicación para

tratar el VIH o el resto de enfermedades que el paciente puede desarrollar por no recibir la medicación antirretroviral. «En el caso del VIH/sida, los costes humanos y económicos de dejar a miles de personas sin una asistencia adecuada serán a largo plazo altísimos».

En cuanto al copago incluido en la reforma, señalan que aunque todavía no está claro si dicho copago afectará también a la medicación para el VIH, si se aplican algunos de los criterios de la ley, como que el paciente avance entre un 10% y un 50% de su coste, en algunos casos se impedirá el acceso en la práctica a los antiretrovirales. Asimismo, el acceso a los diferentes fármacos destinados a hacer frente a las infecciones oportunistas también estaría en riesgo al suponer un importante impacto económico para las personas que viven con el VIH, lo que conllevaría un grave perjuicio para la salud personal y comunitaria claramente evitable.

Por todo ello, el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH considera que las medidas del Gobierno ponen en peligro la salud pública, pues al negar la cobertura sanitaria o dificultar el acceso, aumenta el riesgo de generar focos de enfermedades transmisibles como el VIH y, por tanto, de expansión de la epidemia, al tiempo que empeora la salud, la calidad y la esperanza de vida de personas enfermas. Según afirman, países como Portugal, Italia, Francia, Bélgica u Holanda no son tan restrictivos y en algunos casos han tenido que dar marcha atrás al constatar las consecuencias que tiene para la salud pública dejar a una parte de la población desatendida.

Desde que el Ministerio de Sanidad diera a conocer el Real Decreto-Ley 16/2012 que, entre otras medidas, deja sin tarjeta sanitaria a partir del 1 de septiembre a las personas inmigrantes no regularizadas, el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH ha recibido diversas consultas no sólo de las personas que temen quedarse sin tratamiento antirretroviral sino también por parte del personal sanitario y ONG que consideran que la medida atenta contra los derechos humanos al poner en peligro la vida de cientos de personas con VIH dentro de nuestro país.

Ante ello, el Observatorio denuncia que a tan solo dos días de la entrada en vigor de esta supuesta medida de ahorro, lo que impera en todos los estamentos es la sensación de una total improvisación en lo que se refiere a política sanitaria frente al VIH por parte del Gobierno español.

«Todos los días somos partícipes, a través de la prensa, de decisiones improvisadas tomadas unilateralmente desde el Gobierno con argumentos contradictorios. Primero salió a la luz la idea de crear un sistema sanitario 'paralelo' para atender a personas inmigradas con enfermedades crónicas dentro de las ONG. Posteriormente el Ministerio de Sanidad propone el pago de una cuota (más cara que la mayoría de seguros privados) para ser atendido en la sanidad pública. Y también se ha hablado de atender y luego cobrar a los países de origen de quienes hayan utilizado nuestro sistema sanitario (hay suscritos convenios bilaterales solo con seis países y cubren a la ciudadanía asegurada, no a personas inmigrantes irregulares). Así es que, por el momento, todas sus propuestas 'improvisadas' carecen de una base legal para ser aplicadas, lo que todavía nos deja más perplejos a quienes hace más de 30 años estamos dando respuesta y atención al Sida en este país», afirma Héctor Fortuny, activista de REDVIH.

Según destaca Joan Bertran de Bes, técnico responsable del Observatorio, que atiende diariamente las consultas al servicio de asesoría jurídica., «la única certidumbre a fecha de hoy es que la medida entra en vigor inmediatamente -aunque este problema se había venido detectando durante el último año, ahora se generalizará- y tenemos noticias de hospitales donde los profesionales se están encontrando entre la espada y la pared, entre la negativa de la dirección a dar medicación a las personas con VIH y la necesidad de los pacientes ¿Qué ocurrirá con los nuevos casos diagnosticados? ¿Cómo actuar cuando la dirección del hospital pone en peligro la vida de un paciente al negarle la medicación? Exigimos a nuestros gobernantes que rectifiquen. No vamos a permitir que se sobrepasen ciertos límites, porque con la vida no se juega».

Existen evidencias científicas que la supuesta medida de ahorro causará graves perjuicios a nivel humano y económico que el gobierno parece no haber valorado. «La negación de la asistencia a las personas en situación irregular con VIH u otras enfermedades transmisibles e infecciosas, incrementará el número de nuevos casos y disminuirá la esperanza de vida, generando mayores costos sanitarios vía urgencias y hospitalización. Está claro que es una medida que atenta contra el bienestar social, un fracaso del sistema y un gran paso hacia atrás», afirma Jesús Ospina, epidemiólogo y miembro de REDVIH.

Desde REDVIH recuerdan que algunas Comunidades Autónomas como el País Vasco, Catalunya o Andalucía han manifestado que no cumplirán con esta medida y atenderán a todas las personas, pero existen dudas sobre cómo se hará, si la cobertura será completa o incluso si realmente se aplicará. Esto no hace más que aumentar la confusión «¿Nos encontraremos con que en algunas zonas se dispensará sin discriminar la medicación para el VIH y en otras no?», se preguntan.

En las últimas semanas, el Observatorio también está recibiendo el testimonio de varios profesionales de la medicina de otras comunidades a los cuales la dirección del hospital ya les ha comunicado que no se atenderá a los inmigrantes irregulares que se quedan sin tarjeta. A pesar de ello, muchos de estos profesionales manifiestan que, igual que ya han hecho otros 1.300 compañeros y compañeras hasta el momento, su intención es hacer objeción de conciencia y atender a todos los pacientes. Sin embargo temen las posibles consecuencias que les pueda generar a nivel laboral y legal.