ALCER propone diseñar un plan liderado por el Sistema Nacional de Salud para aminorar la frecuencia de la poliquistosis renal y fomentar la prevención primaria de la dolencia.

El Observatorio de los Derechos de las Personas con Enfermedad Renal (ODER), puesto en marcha por la Federación Nacional de Asociaciones ALCER hace un año, ha logrado que casi el 90% de los pacientes que reclamaron continuar con su diálisis en sus lugares de vacaciones, pudieran hacerlo en el año 2016.

Ante las nuevas medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno mediante el RD 16/2012, la Federación Nacional ALCER, que representa a más de 45.000 enfermos renales crónicos, ha manifestado «que las medidas recogidas en la nueva normativa son inaceptables y a los enfermos crónicos les crean una gran preocupación» y que «algunas de las medidas del RD 16/2012 chocan con acuerdos para el tratamiento de hemodiálisis de enfermos crónicos renales, acuerdos ya firmados vía concurso público anteriormente en determinadas Comunidades Autónomas. Es el caso de cuando el tratamiento de hemodiálisis acordado ya incluye también el transporte sanitario».

Así, señala que el copago sin límite del transporte sanitario no urgente, «como el que necesitan los pacientes renales en tratamiento de hemodiálisis, pone en peligro la salud de los pacientes al considerar que muchos de ellos no podrán asumir su desplazamiento a un tratamiento vital o acudirán menos de lo que sería necesario. La Mayoría de los pacientes tienen que acudir 3 vences en semana, pero los hay que acuden 4, 5 o incluso 6 dependiendo de su situación y las patologías asociadas».

Asimismo, denuncia que va contra la equidad, «porque el coste económico no es el mismo para un paciente que viva a 10-15 Km de su centro más cercano que a 150-200Km o que tenga que desplazarse de una isla a otra porque no hay tratamiento de hemodiálisis en la que reside».

En relación al pago de los medicamentos, señala que «el coste es inasumible para muchos pacientes porque el pago de las medicinas supone mucho más que 8€ ó 18 € en función de su renta, ya que hay que añadir el transporte, complementos dietéticos esenciales, ortoprotésicos, etc».

ALCER denuncia que la nueva normativa «llevará a poner en peligro su salud de muchos pacientes crónicos por no comprar determinados medicamentos esenciales para su tratamiento por su alto coste». «El adelanto del pago por parte del paciente, aunque sea del 10% y la Comunidad Autónoma reintegre la diferencia en función de la renta, pone en grave peligro el cumplimiento del tratamiento y ello se añade a la situación creada por el copago del transporte sanitario, de productos dietéticos y ortoprotésicos».