Mientras la capacidad de realizar pruebas diagnósticas no cubra ampliamente todas las necesidades de atención sanitaria y de salud pública, el informe considera que habría que identificar grupos que deberían tener una alta prioridad.

El informe reseña cuatro grupos de alta prioridad a la hora de utilizar dichos recursos diagnósticos:

1- Trabajadores de centros sanitarios, residencias sociosanitarias, tareas de control y desinfección (Policía, UME, bomberos), y servicios de ayuda domiciliaria que puedan estar en contacto con pacientes afectados de COVID-19.
La importancia de identificar a este grupo reside en que, además de un criterio de preeminencia de la seguridad en el trabajo, habría otro de utilidad pública. Si una parte significativa de la propagación de COVID-19 se ha dado en el contacto con los servicios y trabajadores (infección nosocomial sociosanitaria), focalizar la intervención en este nodo puede ser, además justo, muy efectivo.

2- Casos sospechosos y sus contactos.
Con ellos se trata de controlar el brote y prevenir el rebrote y dependerá, en buena medida, en guiar de forma efectiva el empleo de los test, de manera que el esfuerzo diagnóstico se oriente según la interacción clínica.

3- Pacientes internados en hospitales (particularmente los de larga estancia), y residentes de centros de mayores y otros sociosanitarios.
Con la edificación de este grupo se orienta la investigación hacia los repositorios de personas más vulnerables y donde un caso puede tener efectos más graves y propagarse de manera más rápida.

4- Movilidad de personas hacia entornos de alta vulnerabilidad y baja prevalencia: entre provincias o zonas, con fases de transición diferentes para el desconfinamiento, entre zonas urbanas y rurales, o en las visitas a residencias de personas mayores institucionalizadas.
Se trata de encapsular con medios diagnósticos intensificados a los grupos más vulnerables.