Ante la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, AMYTS, sindicato más representativo del colectivo médico en Madrid, ha presentado una serie de semandas:

-Que la norma garantice la suficiente seguridad para que no haya responsabilidades jurídicas al profesional que, libremente, se incorpore a este proceso y lo lleve a efecto.
-Que la norma garantice la seguridad jurídica también de los pacientes.
-Que la norma garantice la objeción de conciencia para aquellos profesionales a los que esta práctica les pueda suponer una crisis de identidad personal o profesional y que, por lo tanto, no se vean marginados.

Debido a las distintas sensibilidades dentro del colectivo médico, AMYTS valora que estas tres consideraciones deben estar incluidas y bien desarrolladas en la norma legislativa si se lleva a cabo. “Garantía jurídica, desde luego y en primer lugar, para el paciente; en segundo lugar, para los profesionales que se vean implicados. Y, más allá de la garantía jurídica, que nunca pueda suponer marginación para los profesionales que sean objetores”, resume Miguel Ángel García Pérez, doctor en Medicina, máster en Bioética y coordinador de Formación y Desarrollo Profesional de AMYTS.

Por último, el doctor García Pérez incide en que la ley “debería tener claro” la “regulación protectora de ese derecho” y que es la “persona afectada la que solicita directamente, no a través de intermediarios, la finalización de su vida en una serie de circunstancias claramente definidas”.