Según la información publicada ayer en El Mundo el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia (CIPF) es «un barco a la deriva» tras la dimisión del director científico, Carlos Simón, y de los cinco miembros del comité que dirigía en el centro de investigación.

Tanto el CIPF como la Consejería de Sanidad valenciana culpan a través de comunicados de prensa al Ministerio de Ciencia e Innovación de forzar la dimisión de los investigadores por la retirada de los fondos del Programa de Medicina Regenerativa (debería aportar 1,7 millones de euros al centro). Sin embargo, los propios exmiembros del comité científico se desmarcaron en un correo electrónico asegurando que la dimisión en bloque se debe al recorte provocado por la retirada de la subvención de ese programa y a la disminución de la aportación proveniente de la Consejería de Sanidad valenciana.

En 2009 el presupuesto del CIPF era de 25 millones de euros al año, de los cuales el Gobierno valenciano aportaba 9 millones. Para el 2011, la partida presupuestaria ha sido de unos 11,6 millones de euros, aportando 4,6 millones la Consejería de Sanidad, un 50% menos. Para el 2012, la aportación del Gobierno valenciano sería de unos 2,2 millones de euros, lo que equivale a un recorte de un 75% en tan solo cuatro años. «No se puede dirigir científicamente un programa que se queda sin financiación» aseguraba Carlos Simón a El Mundo. «El dinero que el centro recibe de la Consejería de Sanidad es el que permite tener el centro abierto y pagar sueldos, no para investigar» explica Rafael Pulido, investigador jefe en el centro y portavoz del comité de empresa. «Pero con la cantidad que pretenden aportar en 2012 sólo da para tener las luces encendidas y pagar el servicio de limpieza», según sus declaraciones a El Mundo.

Fuentes del Ministerio aseguran que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 impide a la Administración central suscribir convenios con comunidades que no cumplan con la estabilidad presupuestaria. Esta modificación, incorporada este año para controlar el déficit, no afecta a los convenios firmados en 2010, como ocurre en el caso andaluz, que tampoco cumple los objetivos de déficit y que sí recibirá el dinero del programa. Con este argumento, los gestores del centro de investigación y los responsables de la Consejería de Sanidad valenciana han presentado la situación del centro como un agravio comparativo con otras autonomías y han acusado al ministerio de Ciencia de tener «un trato discriminatorio».

Trabajadores e investigadores consideran que la consejería ha abandonado económicamente al centro. Fuentes del Ministerio de Ciencia aseguran en El Mundo que«cualquier posibilidad de estudiar alternativas para acudir al rescate del centro están supeditadas a un giro radical del compromiso de la Consejería con el centro». De esta manera, se paralizaría una reorganización del centro en la que la Consejería de Sanidad ya había previsto hasta 160 despidos.