Las agresiones registradas han dismunuido el 4,8%, respecto a 2017, una moderada disminución de estas conductas violentas que supone un ligero cambio de tendencia.
Por comunidades autónomas, las que han registrado un mayor número de agresiones denunciadas en los colegios han sido Andalucía (124), Madrid (85), Cataluña (61) y aunque la incidencia mayor por mil colegiados se ha producido en Melilla, Extremadura, Cantabria y Andalucía.
Del estudio, se desprende un porcentaje mayor de agresiones a mujeres según sexo: el 59% de los profesionales agredidos son mujeres, el porcentaje más alto de toda la década (lo que supone un 7% más que año pasado) y el 41% hombres. En cuanto al ámbito sanitario de ejercicio, sigue siendo el público donde se producen la gran mayoría de este tipo de conductas violentas, con un 85% de los casos, mientras que en el sector privado se han producido el 15%, lo que supone el porcentaje más alto hasta la fecha.
Y, sobre el ámbito donde se produce la agresión, sigue siendo la Atención Primaria la que se lleva la mayor parte (52%), frente a la Hospitalaria (23%); las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria tienen un porcentaje de un 14% y un 11% cada una de ellas.
Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de consultas realizadas al año, el área donde son más frecuentes las agresiones es en Urgencias Hospitalarias, alcanzando las 2,50 agresiones por cada millón de consultas.
De los agresores, el 70% son pacientes (el 40% son pacientes programados, el 30% pacientes no programados, el 2% pacientes desplazados) y el 28% acompañantes.
En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 46,1% se producen por discrepancias en la atención médica; el 11,4% por el tiempo en ser atendido; el 11,1% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 10,3% en relación a la incapacidad laboral; el 9,2% por discrepancias personales; el 6,1% por el mal funcionamiento del centro y el 5,8% por informes no acordes a sus exigencias.
Del total de agresiones, en el 14% de los casos provocaron lesiones, de las cuales el 40% fueron físicas y el 60%, psíquicas y el 17% conllevaron baja laboral, cifra superior al 12% del año anterior.
Respecto a las resoluciones judiciales, hubo 93 sentencias sobre agresiones, de las que el 64% fueron consideradas como delito leve y el 36% delito menos leve. El 77,9% fueron condenatorias, el 16,3% absolutorias y hubo acuerdo en el 5,8%. Según el tipo de condena, el 46,3% fueron multas, el 20,6% acarrearon privación de libertad, el 14,7% supusieron privación de derechos e inhabilitación y el 4,4% exigieron medidas de seguridad.