Ante un auditorio con representantes de la sanidad española, de colegios, sociedades científicas, autoridades de las Administraciones públicas y diversas organizaciones, expresó su “profunda preocupación” por lo que calificó de “excesos codiciosos del mundo financiero y otros desordenes del comportamiento con riesgos para la salud de una parte de la sociedad”, así como por la “disminución de la calidad asistencial o de la cobertura de necesidades básicas, junto al grave problema del desempleo y el empobrecimiento de buena parte de la población”.

Hizo referencia a varios estudios sobre la situación de “pobreza energética” en España, que afecta a 4 millones de ciudadanos que no pueden mantener en invierno su vivienda a una temperatura adecuada, así como otros condicionantes de pobreza como mala alimentación e higiene, riesgos laborales derivados de abusos en sus condiciones, o salarios de 600 y 800 euros. “Con estos salarios, no es posible –afirmó- pagar pensiones, ni asistencia sanitaria, ni tampoco vivir con dignidad”.

Aludió a los empleos perdidos durante estos años en general y, en particular, en el sector sanitario que han afectado a 30.000 profesionales de enfermería y 10.000 médicos, con un recorte de 9.000 millones de € en los presupuestos sanitarios entre 2009 y 2014.

Según el presidente de la OMC, “estamos perdiendo calidad” en la oferta de servicios públicos sanitarios que “disminuye la legitimidad social del SNS”, por lo que consideró necesario que se revise con rigor los servicios innecesarios y se incentive la buena utilización de los servicios y del Sistema, tanto por pacientes como por profesionales.

Consideró que las listas de espera, que empeoran la calidad de la asistencia, son consecuencia de la reducción mencionada de puestos de trabajo, de la no sustitución y de la precariedad laboral que, además, en determinados casos, afecta a la buena relación médico paciente, clave en la atención médica.

Señaló como ejemplo de esta situación, la Atención Primaria, en la que “cuando no se conoce al paciente ni a su familia; cuando desaparecen los vínculos profesionales y todo son circunstancias; cuando el tiempo disponible en consulta no permite identificar la causa de las quejas, ni ofrecer un modelo explicativo de las mismas para orientar las opciones terapéuticas posibles, la salida es ofrecer un medicamento o una prueba o una derivación a otro colega o, sencillamente, el paciente acude a urgencias”.

Precisamente, sobre el medicamento, cuestionó lo que denominó “medicalización” de la vida y la “tendencia interesada” en convertir procesos normales de la vida, incluso asintomáticos, en procesos que derivan en tratamientos farmacológicos. Para él, esta situación es un “grave problema de salud” que va en aumento y genera sufrimiento en aquellos que, sintiéndose enfermos, no lo están, además de constituir un “despilfarro” de recursos.

Según Rodríguez Sendin, asistimos “impasibles” a un proceso “facilitador y expansivo” de recomendación de pruebas y medicamentos por todos, con “banalización en la promoción” de aquellos de libre acceso y nuevos métodos de dispensación y prescripción, por ejemplo, on line. Y, mientras esto ocurre, “seguimos sin poder controlar cada envase de medicamento que se vende en España ni el arsenal de que dispone o/y utiliza cada ciudadano”.

Para mejorar la seguridad de los pacientes, abogó por establecer estrategias en contra de esta medicalización; racionalizar la prescripción y consumo de todos los medicamentos mediante políticas de mejora racional de la prescripción, así como evaluar con criterios científicos las innovaciones tecnológicas y farmacológicas y las intervenciones tanto asistenciales como preventivas para que los beneficios de las mismas siempre sean coste efectivos y superen a sus posibles daños.

Describió la realidad del gasto sanitario que el Plan de Estabilidad del Gobierno de España ha comprometido para 2017 en un 5,3 % del PIB, pasando de un presupuesto de 67.000 millones en el 2009 a 53.000 millones de euros, es decir, 14.000 millones menos. Y como, a pesar de ello, se ofrece un techo de gasto farmacéutico en el SNS, vinculado al crecimiento del PIB, lo cual es incompatible con los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y con las medidas de reducción de los gastos farmacéuticos que se contemplaban en los Presupuestos Generales del Estado del 2015.

Con el marco económico actual y con un “escenario político incierto”, dijo que desde la OMC “consideramos que existe la obligación moral de alcanzar un Pacto Político y Social que seguiremos exigiendo para revitalizar el SNS y garantizar su solvencia y sostenibilidad económica y social.”

En cuanto a la realidad de la profesión médica, afirmó que los resultados de los últimos estudios de la OMC sobre “La situación laboral de los médicos en España” y la “Situación de la Atención Primaria y sus profesionales en España” dibujan un porvenir “muy desfavorable” para el médico en nuestro país, lo que ha provocado en los últimos –afirmó- una “fuga” de jóvenes talentos fuera de España.

En medio de la descripción de esta realidad, puso en valor el nuevo profesionalismo médico que “precisa, implica y demanda realizar esfuerzos colectivos para mejorar los servicios sanitarios, manteniendo niveles de competencia e integridad”, respetando escrupulosamente “confidencialidad y secreto, ofreciendo calidad y acceso a las mejoras mediante la rectitud y el empleo apropiado del conocimiento científico y la tecnología, sin conflictos de interés, considerando la justa distribución de los recursos finitos y participando en los procesos de autorregulación”.

Tras hacer alusión al fallecido Albert Jovell cuando decía que los médicos deben activar a los pacientes y trabajar enérgicamente para eliminar la discriminación de cualquier tipo en los sistemas de salud, Rodriguez Sendin afirmó eso “lo hemos hecho en la crisis sanitaria del Ébola; estamos haciéndolo con los enfermos de Hepatitis C, con los afectados por Talidomida, y lo haremos con los de Enfermedades poco frecuentes”.

Finalizó su intervención, apelando al profesionalismo médico. “Sin profesionalismo ni principios de Buen Gobierno –afirmó-, sin integridad ni ejemplaridad públicas, sin ética social ni gestión pública eficiente, no hay ningún Sistema Sanitario que pueda ser solvente y sostenible para poder servir a todos su gran función social y colectiva, con especial atención a los más necesitados”.