La solicitud presentada se sustenta principalmente en el derecho a la protección de la salud que se encuentra recogido en el artículo 43 de la Carta Magna, así como en otros derechos establecidos en el resto del ordenamiento jurídico sanitario. La declaración de uso hospitalario que se hace de la vacuna en cuestión condena a que muchas personas deban padecer una enfermedad para la cual existe el correspondiente tratamiento preventivo.

Si bien es cierto que se trata de una enfermedad con una tasa de incidencia que no se muestra exageradamente elevada, no es menos cierto que los porcentajes de secuelas derivadas de la enfermedad, e incluso la posibilidad de un desenlace fatal, son realmente preocupantes.

En el contenido de la solicitud que avala la pretensión de la FIMM, se traen a colación informes y estudios realizados por distintos profesionales del sector, como por ejemplo pediatras, organizaciones internacionales y la Organización Mundial de la Salud que respaldan firmemente la utilización de la vacuna.

Otro de los objetivos indirectos que se pretende conseguir con la estimación de la solicitud presentada, gira en torno a la eliminación del denominado turismo sanitario que se ha generado en los países fronterizos con España, como consecuencia de los desplazamientos llevados a cabo por los ciudadanos para la adquisición de la vacuna. Esto, no solamente encarece la adquisición del producto, sino que pone en peligro la salud del futuro vacunado, ya que no se garantizan las medidas de seguridad que requiere el adecuado transporte de la vacuna, como mantener la cadena de frío.

Adicionalmente, la solicitud señala que la vacuna ha sido aprobada mediante el procedimiento centralizado a nivel europeo y que para limitar el ejercicio de derechos ciudadanos deben existir por parte de la autoridades razones técnicas que permitan deducir la protección del interés general, cobrando esto especial relevancia en el ámbito de la salud.