Ante esta situación, la Organización Médica Colegial considera que hay tres situaciones derivadas que es preciso analizar de forma separada:

• El retraso o la imposibilidad de acceso rápido a un tratamiento eficaz para una enfermedad grave es sanitaria y socialmente inaceptable, porque puede determinar desde daños irreversibles, hasta la muerte de los pacientes.

• Los poderes públicos y los responsables políticos deberían meditar sobre las reformas necesarias y la búsqueda de fórmulas alternativas que, desde la investigación de nuevos fármacos, hasta su financiación por el sistema de salud, tuvieran relación con las necesidades reales de la población, fortaleciendo los principios de equidad y eficiencia social del SNS.

• El aceptar precios excesivos impuestos por la industria farmacéutica ante la urgencia sanitaria y la presión legítima de las demandas sociales puede comprometer la calidad de otras prestaciones sanitarias, desequilibrar la oferta de otros servicios esenciales, reducir los gastos de inversión en infraestructuras y tecnologías apropiadas, y seguir devaluando las rentas salariales de los profesionales sanitarios.

• En situaciones que afectan a la salud pública y a los derechos constitucionales de las personas (especialmente de los enfermos) en relación con la salud y la atención sanitaria, estos derechos sustantivos deben estar siempre por delante de los intereses de los mercados. El legítimo ánimo de lucro de las empresas privadas deberá estar supeditado y modulado por el interés general del conjunto de la sociedad.

Tras estas consideraciones generales la OMC elabora una serie de propuestas:

1. Es necesario proporcionar de forma homogénea en todas las comunidades el acceso a medicamentos de probada eficacia para la hepatitis C y para cualquier otra enfermedad, debiendo las comunidades recibir la financiación adecuada de forma inmediata y finalista.

2. Dado que es previsible la llegada en poco tiempo de asociaciones fijas de nuevas terapias antivirales orales, más eficaces aún, es preciso definir criterios médicos de gravedad y pronóstico para priorizar las indicaciones de tratamiento con valores explícitos de equidad. En este sentido, la Organización Médica Colegial se ofrece a colaborar en la elaboración del consenso.

3. El Estado debe transmitir a la industria farmacéutica que en la incorporación de fármacos innovadores de eficacia y seguridad demostrada deben primar criterios de salud pública y el interés de atención sanitaria a los pacientes; y que el beneficio industrial debe ser prudente y proporcionado a los costes de producción e investigación, estableciendo un precio justo negociado.

4. El actual modelo de relaciones de la industria farmacéutica con el SNS, que se concreta a lo largo de toda la cadena de valor del medicamento y muy especialmente en la investigación, producción y financiación de nuevos fármacos, está agotado y precisa una reforma en profundidad.

5. El dilema ético de los médicos, al no poder prescribir un medicamento que consideran útil para los pacientes por la restricción presupuestaria y el precio excesivo del mismo, obliga a la Organización Médica Colegial a plantear la necesidad y urgencia de dicha reforma, en cuyo diseño se ofrece a participar de forma constructiva.

6. Creación desde el Gobierno de España de un Fondo de Financiación Especifico y con carácter finalista que dé cobertura a las necesidades definidas por el Comité de Expertos del Plan Estratégico de abordaje de la hepatitis C, así como atendiendo a los informes preceptivos elaborados por las Agencias Públicas de Evaluación del conjunto del SNS.

7. Insistir en la necesidad de creación de una Agencia Nacional de Evaluación e Investigación de Tecnología y Servicios del SNS, independiente y participada colegiadamente por los servicios de salud de todas las comunidades autónomas, que guíe desde principios de buen gobierno los procesos de decisión y fundamente económica y socialmente la incorporación de nuevas prestaciones y productos sanitarios.

8. Por último, nos reiteramos desde nuestra responsabilidad social en la necesidad de crear un Pacto de Estado por la Sanidad, suscrito por todos los grupos políticos para abordar las reformas estructurales pendientes en aras de la sostenibilidad del SNS y la mejor atención a las necesidades de los pacientes.