Según el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH ante la reforma aanitaria propuesta por el Gobierno Español, la crisis económica está sirviendo de pretexto al Gobierno para tomar medidas más de índole ideológica que sanitaria poniendo en peligro de muerte a muchas personas con enfermedades crónicas como el VIH.

En el manifiesto hecho público recuerdan que el Real Decreto-ley pone fin al principio de universalidad del sistema sanitario español y se niega el derecho a la sanidad pública (limitándola a las urgencias) a «extranjeros no registrados como residentes, a mayores de 26 años que nunca hayan cotizado y a desempleados que hayan agotado el subsidio y no acrediten encontrarse sin recursos». Esto coloca en situación de mayor vulnerabilidad a los sectores de población más desprotegidos como personas inmigradas, mujeres que no han cotizado, por su dedicación al cuidado familiar, jóvenes que dada la coyuntura socioeconómica no han encontrado un empleo y que nunca han cotizado, trabajadoras y trabajadores del sexo o personas desempleadas de larga duración, agravando el riesgo de exclusión social e incrementando las desigualdades en salud. Especialmente grave es la situación de las personas extranjeras en situación irregular, que a 31 de agosto se encontrarán sin cobertura sanitaria, lo que, en el caso de las personas seropositivas, puede significar una sentencia de muerte al no recibir medicación para

tratar el VIH o el resto de enfermedades que el paciente puede desarrollar por no recibir la medicación antirretroviral. «En el caso del VIH/sida, los costes humanos y económicos de dejar a miles de personas sin una asistencia adecuada serán a largo plazo altísimos».

En cuanto al copago incluido en la reforma, señalan que aunque todavía no está claro si dicho copago afectará también a la medicación para el VIH, si se aplican algunos de los criterios de la ley, como que el paciente avance entre un 10% y un 50% de su coste, en algunos casos se impedirá el acceso en la práctica a los antiretrovirales. Asimismo, el acceso a los diferentes fármacos destinados a hacer frente a las infecciones oportunistas también estaría en riesgo al suponer un importante impacto económico para las personas que viven con el VIH, lo que conllevaría un grave perjuicio para la salud personal y comunitaria claramente evitable.

Por todo ello, el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH considera que las medidas del Gobierno ponen en peligro la salud pública, pues al negar la cobertura sanitaria o dificultar el acceso, aumenta el riesgo de generar focos de enfermedades transmisibles como el VIH y, por tanto, de expansión de la epidemia, al tiempo que empeora la salud, la calidad y la esperanza de vida de personas enfermas. Según afirman, países como Portugal, Italia, Francia, Bélgica u Holanda no son tan restrictivos y en algunos casos han tenido que dar marcha atrás al constatar las consecuencias que tiene para la salud pública dejar a una parte de la población desatendida.