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Desigualdades en la asistencia sanitaria de los españoles

En el último medio siglo los países europeos han alcanzado altas cotas en el llamado Estado de Bienestar, ligadas en gran parte a distintos sistemas de prestaciones sociales y a una asistencia sanitaria casi universal.

En España, la prestación sociosanitaria asentada en el derecho constitucional a la salud incluye ayudas sociales ante diversas situaciones de necesidad (dependencia, paro, etc.) y el derecho a una asistencia sanitaria pública, de carácter gratuito y universal (Sistema Nacional de Salud, Ley General de Sanidad 1986).

Se podría pensar que de esta forma se garantiza legislativamente un trato similar frente a la enfermedad –equidad–, ya que no podemos ser iguales ante la salud. Una proclamación legal del principio de «todos somos iguales ante la enfermedad» (artículo 1, 3 y 12, LGS 1986) como en un estado de derecho se pretende que lo somos ante la ley. Pero al igual que esta última sentencia resulta muy incierta, la equidad también lo es, constituyendo un elemento más deseado que alcanzado.

Me refiero a una cuestión que considero fundamental, tanto por su carácter estructural como porque beneficia a un sector social ya de por sí privilegiado. Y es que el sistema sanitario español diferencia dos poblaciones, con similares deberes, pero con distintos derechos.

Por una parte se sitúa el pelotón –incluidos los sanitarios estatutarios– que son adscritos de forma obligatoria al Régimen General de la Seguridad Social. Esta tropa de a pie tiene derecho a la asistencia sanitaria gratuita dispensada por los recursos asistenciales públicos: médicos de familia de los centros de salud y especialistas de referencia en el segundo escalón hospitalario. El acceso al sistema se inicia en el centro de salud y desde aquí se canaliza, en caso de que el médico de familia lo disponga, al hospital de referencia. Si bien existe un ámbito de elección del médico de familia, la adscripción al especialista de referencia y al hospital se establecen de forma rígida, sin capacidad de elección ni del paciente ni de su médico de familia.

La inequidad aparece ante la legal pero injusta prebenda configurada por el Regimen Especial de la Seguridad Social a la que tenemos derecho los funcionarios y nuestros familiares –en torno a un 5% de la población– convertidos así en la crème de la crème del sistema. Los mutualistas de MUFACE (funcionarios civiles), ISFAS (militares) y de MUGEJU (poder judicial) cotizando igual, tienen derecho a distintas prestaciones, entre ellas el derecho a elegir una asistencia sanitaria privada (Adeslas, Sanitas...). Este aspecto es aprovechado por un 80% de los funcionarios.

Estos seguros ofertan la libre elección de médico de familia en los municipios grandes, mientras que en los pequeños hacen uso de aquel del sistema público. Hacen bandera del acceso inmediato y sin restricción a los especialistas del segundo nivel, duplicando la ratio atención médico de familia/especialista de segundo nivel, que de niveles de ¼ pasa a ½. De esta forma, entre otras muchas, estas compañías privadas se potencian enormemente a expensas del sector público: muchos pensamos que lo parasitan. Por lo que respecta a nuestra especialidad, como hemos visto, la subestiman, incluso en la valoración económica de su actividad, potenciando y utilizando como marketing la falsedad que liga la idoneidad de la atención al mayor (¿?) nivel de especialización.

En la sanidad española del S. XXI persiste un anacrónico fenómeno de discriminación por inequidad en la atención sanitaria en el que sectores sociales privilegiados resultan favorecidos merced a mecanismos no estructurales, y a otros, más graves y silenciosos, estructurales. Este hecho, además de plantear problemas obvios de carácter ético, resulta en una carga que lastra enormemente el sistema sanitario público.

Pero sobre todo, este sector poblacional injustamente favorecido, por su relevancia social, constituye una enorme fuerza de presión perdida para el correcto mantenimiento del sistema, porque por su situación favorecida no tiene el menor interés en evitar el creciente deterioro de nuestro sistema sanitario público.

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Albert Jovell

Presidente del Foro Español de Pacientes  †2013

 

 

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