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Preservar lo público

Si los ciudadanos ajenos a la economía conocieran el funcionamiento y sentido de los llamados mercados, los ataques de pánico, los insomnios y la ingesta de ansiolíticos aumentarían de forma dramática. Ya está ocurriendo aunque sólo sea porque un ciudadano puede no entender lo que pasa, pero sí sufrir las consecuencias. Y en España una consecuencia importante de eso que pasa es el nivel de paro extremo, un grave problema nacional.

Pues bien, si el paro es un problema, la sanidad, sobre todo la pública, es parte de la solución. Veamos por qué.

Entre el 2008 y el 2011 la ocupación cayó en España en 2.190.000 personas. En la sanidad por el contrario se incrementó en 70.000 personas, prácticamente todas en la sanidad pública, que ocupa a un 62-63% de los trabajadores en sanidad. De esos, cerca de dos de cada tres fueron mujeres, un colectivo todavía discriminado a nivel laboral.

El empleo sanitario es de calidad si entendemos por tal el tiempo (entre otras variables) en que una persona permanece en un puesto de trabajo. A finales del 2011 aproximadamente dos de cada tres de las personas empleadas en sanidad habían estado trabajando entre 3 y 6 años, sin duda un buen indicador si lo comparamos con la hostelería o la construcción, dos de los grandes empleadores del país, con ratios más pobres.

Por tanto, en plena crisis de empleo el sector sanitario público no sólo no destruyó sino que creó empleo neto, fundamentalmente femenino y con mayores grados de estabilidad que en otros sectores.

Que crezca la población ocupada en sanidad tiene sentido porque el porcentaje de población adulta que trabaja en el sector es del 4,1%, un porcentaje bajo dentro de la UE-15 (6,6%). Este desequilibrio se refleja en que el gasto sanitario público en España per cápita es del 79,5% del promedio de la UE-15. Si sólo nos fijáramos en estos datos el sector tendría capacidad de seguir generando empleo neto, el objetivo principal de los gobiernos de España, al menos en sus declaraciones.

Añadamos que el sector sanitario público investiga y es además motor de innovación. El ejemplo paradigmático sería el de programas de trasplantes. No es de extrañar por tanto que los españoles valoren el sector público y a los profesionales que trabajan en él, sin que aparentemente les influya en su opinión las crecientes descalificaciones (interesadas o no) sobre el sistema público.

Cuando tanto se habla de cambio de modelo productivo, de desplazar la actividad productiva hacia sectores que creen valor y por tanto empleo estable y de la calidad, parecería lógico que consideráramos al sector público español (en su versión nacional o autonómica) como algo a preservar y potenciar. Pero no está tan claro que vaya a ser así al menos para los genéricamente llamados mercados (por ejemplo, las últimas recomendaciones del FMI recordando que España tiene que recortar-reconvertir en sanidad y educación) o para determinadas políticas de recortes en comunidades autónomas, donde lo que más nos puede preocupar no es tanto el posible necesario recorte coyuntural sino el gesto, las ganas con que se utiliza la tijera.

Si lo que está detrás es la renovación del ideario liberal de más mercado y menos estado, mi opinión es que nos equivocamos. Pudo ser una fórmula renovadora y funcional, pero ya no lo es. El estado, los estados, necesitan recuperar su papel regulador, preservar y proteger del mercado a sectores económicos que puedan gestionar para buscar objetivos acordes con el bienestar social. En ese sentido hay que repensar aspectos importantes de la sanidad pública para aprovechar y hacer frente a los retos del siglo XXI; entre otros, la incorporación de la comunidad ciudadana a la gestión de la sanidad, la utilización inteligente de las tecnologías de la información, el debate sobre la muerte digna y un largo etc. Todo menos transformar de forma apresurada, en nombre de la eficiencia, y con argumentos sonrojantes, uno de los pocos sectores económicos que crea empleo de calidad, que innova y que es a su vez motor de innovación.

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