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¿Universalidad del Sistema Nacional de Salud?

Recientemente, algunos medios de comunicación han publicado que las personas a quienes se les ha agotado el subsidio de desempleo no tienen derecho a cobertura sanitaria pública.

La situación de las personas a las que se les ha agotado el subsidio de desempleo no es única. Los afiliados a colegios profesionales o quienes nunca han cotizado a la Seguridad Social en España tampoco tienen derecho de acceso a la sanidad pública. No obstante, las autoridades sanitarias descuentan a las personas que pueden tener cobertura sanitaria por otras vías, como por ejemplo quienes se vinculan a la tarjeta sanitaria de algún familiar, y pese a que a finales de 2011 hay más de 1.500.000 de ciudadanos sin derecho a asistencia sanitaria pública por haber agotado la prestación de desempleo, cifran en poco más de 25.000 personas las que realmente están afectadas por esta situación.

La pregunta es obligatoria: ¿la cobertura sanitaria pública no era un derecho de todos los españoles, simplemente por el hecho de serlo? La Ley General de Sanidad (LGS), promulgada en el año 1986 (¡hace 25 años!) reconoce en su exposición de motivos «...el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en España» y aunque ciertamente precisa que «no generaliza el derecho a obtener gratuitamente esas prestaciones sino que programa su aplicación paulatina», en el artículo 3 punto 2 de la Ley se establece que «la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española».

Desde la promulgación de la LGS en 1986 se ha ido reduciendo paulatinamente la contribución de la Seguridad Social a la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) que desde 1999 se financia exclusivamente a través de los impuestos. Este es uno de los fundamentos que justifican la cobertura a todos los ciudadanos y es una de las diferencias más significativas con los sistemas de salud financiados a través de la Seguridad Social, sistemas bismarckianos, que sólo dan cobertura a quienes cotizan y a sus beneficiarios.

En una interesante investigación efectuada en 2005, Francisco Sevilla1 ya alertaba que la atención sanitaria en España no estaba universalizada, aunque fuese universal su utilización en los centros públicos. Argüía que la cobertura sanitaria sigue vinculada a la relación con la Seguridad Social, de manera que cuando una persona es dada de baja en el sistema de Seguridad Social perdería este derecho, como sucede a quienes se les ha agotado el subsidio de desempleo.

La realidad es que en todos los años transcurridos desde la aprobación de la LGS no se ha adecuado la legislación para que fuera coherente con lo que establece la LGS, fundamentalmente en materia de protección sanitaria. Conviene recordar que la LGS tomó como referencia los sistemas sanitarios tipo beveridge, imperantes en diversos países europeos, pero no estableció la hoja de ruta para transformar el SNS y, tal como señala Sevilla, buena parte de la confusión entre los distintos tipos de prestaciones se basa en que «el SNS no sustituyó a la Seguridad Social, sino que se superpuso a ella».

La realidad es que han tenido que pasar 25 años para que nuestros responsables políticos se decidieran a arreglar tamaño agujero en la cobertura sanitaria de los ciudadanos españoles. Con la Ley General de Salud promulgada el pasado mes de octubre se pretende solucionar definitivamente la situación de desamparo en la que pueden encontrarse los colectivos mencionados, pues como se señala en la disposición adicional sexta de la ley «se extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública, a todos los españoles residentes en territorio nacional». Para las personas que hayan agotado la prestación de desempleo esta disposición entra en vigor a partir del 1 de enero de 2012. No puede decirse que nuestros legisladores no se hayan tomado su tiempo para meditar las disposiciones necesarias. Aunque según el tango de Gardel «veinte años no es nada», precisar 25 años para hacer efectivo algo que todo el mundo daba por descontado, parece más bien un despropósito.

La explicación parece muy evidente: la reforma del sistema sanitario no ha estado nunca en la agenda de nuestros políticos ni ha sido su prioridad. Tan sólo cuando la situación económica ha hecho insostenible el sistema sanitario algunos gobiernos han empezado a tomar decisiones que debían haberse tomado hace ya muchos años. Confiemos en que la verdadera universalidad de la cobertura sanitaria no haya llegado finalmente demasiado tarde.

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