Es sobradamente conocido el hecho de que la sanidad de EE.UU., país democrático de referencia y con la economía más potente del mundo, adolece -entre otros defectos- de inequidad e ineficiencia. De hecho, simultáneamente a los adelantos médicos más espectaculares, ligados a los últimos y más sofisticados avances tecnológicos, nos golpean por su crudeza y brutalidad reiteradas noticias en las que algunos ciudadanos mueren a las puertas de los hospitales simplemente por no tener suficiente dinero.

Sólo los sectores más favorecidos de la sociedad americana tienen acceso a un sistema de salud de enorme coste -siempre en continuo incremento-, de carácter privado y centrado en el afán de lucro. Un sistema cuya eficacia se liga al abuso de la tecnología y que conlleva una brutal deshumanización e iatrogenia. En este contexto, la política sociosanitaria del gobierno se ha centrado en proteger parcialmente a los sectores sociales más marginados mediante su cobertura de salud a través del sistema medico asistencial Medicaid; Medicare para los jubilados.

El problema de inequidad surge de forma consecutiva a la numerosísima población -en torno a 40 millones de personas- que situándose en un estrato socioeconómico medio y medio-bajo carecen de cobertura sanitaria, ya que ni son lo suficientemente pobres para recibir la ayuda del estado ni suficientemente ricos para poder acceder al carísimo sistema privado.

De hecho, la cobertura médica es tan importante que se convierte en sí misma en un elemento que forma parte sustancial de las condiciones laborales de algunos empleados: los que más suerte tienen. En muchos otros casos, la imposibilidad de realizar pólizas, cada vez más onerosas -las aseguradoras han subido sus tarifas en torno a un 80% en los últimos cuatro años- conduce a la desprotección y de alguna forma a la bancarrota familiar en caso de necesidad. Se estima que casi 2 de cada 3 quiebras de las familias estadounidenses se relacionan con este hecho.

Tras una espera histórica de un siglo, precedida por una batalla mediática sin parangón planteada por el lobby sanitario, y por escasísimo margen, Obama ha conseguido sacar adelante su reforma sanitaria. Una reforma que plantea una sanidad muy distinta a la nuestra, en la que subyace el carácter liberal e individualista propio de los EE.UU. Las aseguradoras tendrán que incorporar obligatoriamente como beneficiarios a toda la población, independientemente de sus recursos y sin que puedan rechazar a las personas que tengan patologías «no rentables». Así pues, manteniéndose el ámbito de una sanidad privada, se garantiza la accesibilidad universal al sistema merced a las subvenciones que el estado aporta a la misma.

Esta incipiente reforma en el país más poderoso del mundo aparece medio siglo después de la nuestra, iniciada con la creación del antiguo Instituto Nacional de Previsión. Y pese a constituir un embrión inicial, a su carácter básico, y a que su desarrollo futuro se presagia muy dificultoso, es considerada en los medios de comunicación como un hito histórico sin parangón reciente, equiparable a la incorporación de los derechos civiles de la raza negra a la vida americana.

En nuestro país, el esfuerzo colectivo y solidario ha conseguido que desde hace tiempo tengamos una buena prestación sociosanitaria universal que rebasa ampliamente lo pretendido por Obama. En ella se incluye una atención sanitaria individual de calidad en la que todos somos, al menos en teoría, iguales, ya que no podemos serlo ante la salud. Además se incluyen actividades sociales de prevención y promoción de la salud, así como múltiples prestaciones económicas ante situaciones de indefensión social.

La reforma americana es un magnífico contexto para la necesaria reflexión acerca de nuestro sistema, en un contexto de dificultades obvias para su mantenimiento. Resultaría de gran utilidad que toda la sociedad, y específicamente los políticos y sanitarios, tomáramos conciencia acerca del valor de lo que tenemos, tantas veces olvidado, y de la necesidad de defenderlo como una conquista social fundamental, mediante la colaboración consensuada del desarrollo de todas las estrategias necesarias que garanticen su viabilidad futura.