19 Octubre 2011

Según una información publicada hoy en El País y desmentida a las pocas horas por el Departament de Salut, la Generalitat está estudiando cómo «trocear» toda la estructura sanitaria que gestiona (8 grandes hospitales, 286 centros de salud y un centenar de otros equipamientos) en una veintena de empresas públicas que deberán someterse a las reglas del mercado.

El objetivo sería el de flexibilizar la gestión, lograr que las nuevas empresas tengan beneficios, dar entrada al capital privado e incentivar que los trabajadores se conviertan ellos mismos en empresarios del sector. Según se señala en el citado rotativo, si se llevara a cabo, el plan no tendría impacto directo sobre el ciudadano, que seguiría siendo atendido con su tarjeta sanitaria como hasta la fecha. Pero de puertas adentro, el plan supone el fin del Institut Català de la Salut, tal y como ha existido.

En el documento interno La gobernanza del ICS, el cual ha tenido acceso El País, se comprueba cómo las veinte nuevas empresas estarán abiertas a la «participación de los profesionales» del sector sanitario. Esta relación se articularía a través de la creación de sociedades mixtas, participadas por el ICS y profesionales e inspiradas en el actual modelo de autogestión. Las filiales, además se abrirán al capital privado por otra vía. Como se dice en el documento, se propone ampliar el «abanico de posibilidades y alianzas» creando «consorcios con otras entidades públicas y privadas» y empresas mixtas con «otros proveedores sanitarios» para ganar y optimizar y centralizar recursos.

La hoja de ruta que marca el documento supone llevar a cabo ese proceso en un periodo de entre 3 y 5 años, aunque se empezaría por una prueba piloto en la que se requiere implicar a «profesionales, equipos de dirección y grupos de interés.» El documento incluso recuerda que deberá realizarse un plan de comunicación para «controlar el mensaje», hallar «los mejores portavoces» y «reclutar líderes de opinión.»

Desmentido del ICS

A lo largo de la mañana, sin embargo, ha visto la luz un desmentido del Institut Català de la Salut. En éste se explica que el documento La gobernanza del ICS, el cual hace referencia El País, es un documento de trabajo interno que dibuja diferentes escenarios posibles para desarrollar plenamente y cumplir la Ley 8/2007, del 30 de julio.

En esta Ley, según el desmentido del ICS, se establece obligatoriamente el carácter público de la empresa, gobernada por un consejo de administración integrado por 22 miembros propuestos por los diferentes departamentos de la Generalitat, entidades municipalistas, organizaciones sindicales y asociaciones de usuarios y pacientes. Además, se establece la eficiencia, la autonomía en la gestión de sus centros, la descentralización y la suficiencia financiera como sus principios fundamentales.

En definitiva, el ICS informa que el documento anteriormente referido es un informe de trabajo de la dirección de la ICS con el objetivo de definir las bases de futuro de la empresa pública para dar un mayor cumplimento a la Ley, hasta ahora sólo parcialmente desplegada, y garantizar la adaptación de la organización y la prestación de sus servicios a las necesidades de salud de la población.

10 Enero 2013

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), integrada en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ha solicitado la mediación de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ante el conflicto sanitario existente en la Comunidad de Madrid. En la misiva de petición se le adjunta a la ministra la propuesta que AMYTS-CESM ha preparado como alternativa al "Plan de Garantía de la Sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid". El documento elaborado por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores, responde a una demanda del presidente de Madrid, Ignacio González, de que se le presentara un documento alternativo al plan de ahorro elaborado por la Comunidad Autónoma.

En dicha propuesta alternativa AMYTS-CESM hace un pormenorizado estudio de las distintas partidas y, sin necesidad de tener que recurrir a la privatización de la gestión de ningún hospital, ni ningún centro de salud, y sin tener que modificar la actual plantilla del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) con ningún despido, plantea un posible ahorro de 602,5 millones de euros en el presupuesto de la Sanidad pública de Madrid del año 2013. Se trata de una cifra notablemente por encima de la planteada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que asciende a un total de 533 millones de euros de los que, según dice el Gobierno regional, 200 millones procederían de la privatización de la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud, una opción que desmonta el sistema sanitario público.

Documentos:

Carta de petición de mediación y envío de propuesta a la ministra de Sanidad

Carta con el envío de la propuesta al presidente de la Comunidad de Madrid

Carta con el envío de la propuesta al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

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