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Sin papeles y sin tratamiento para el VIH: todo un atentado contra la vida y la salud pública

Desde que el Ministerio de Sanidad diera a conocer el Real Decreto-Ley 16/2012 que, entre otras medidas, deja sin tarjeta sanitaria a partir del 1 de septiembre a las personas inmigrantes no regularizadas, el Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH ha recibido diversas consultas no sólo de las personas que temen quedarse sin tratamiento antirretroviral sino también por parte del personal sanitario y ONG que consideran que la medida atenta contra los derechos humanos al poner en peligro la vida de cientos de personas con VIH dentro de nuestro país.

Ante ello, el Observatorio denuncia que a tan solo dos días de la entrada en vigor de esta supuesta medida de ahorro, lo que impera en todos los estamentos es la sensación de una total improvisación en lo que se refiere a política sanitaria frente al VIH por parte del Gobierno español.

«Todos los días somos partícipes, a través de la prensa, de decisiones improvisadas tomadas unilateralmente desde el Gobierno con argumentos contradictorios. Primero salió a la luz la idea de crear un sistema sanitario 'paralelo' para atender a personas inmigradas con enfermedades crónicas dentro de las ONG. Posteriormente el Ministerio de Sanidad propone el pago de una cuota (más cara que la mayoría de seguros privados) para ser atendido en la sanidad pública. Y también se ha hablado de atender y luego cobrar a los países de origen de quienes hayan utilizado nuestro sistema sanitario (hay suscritos convenios bilaterales solo con seis países y cubren a la ciudadanía asegurada, no a personas inmigrantes irregulares). Así es que, por el momento, todas sus propuestas 'improvisadas' carecen de una base legal para ser aplicadas, lo que todavía nos deja más perplejos a quienes hace más de 30 años estamos dando respuesta y atención al Sida en este país», afirma Héctor Fortuny, activista de REDVIH.

Según destaca Joan Bertran de Bes, técnico responsable del Observatorio, que atiende diariamente las consultas al servicio de asesoría jurídica., «la única certidumbre a fecha de hoy es que la medida entra en vigor inmediatamente -aunque este problema se había venido detectando durante el último año, ahora se generalizará- y tenemos noticias de hospitales donde los profesionales se están encontrando entre la espada y la pared, entre la negativa de la dirección a dar medicación a las personas con VIH y la necesidad de los pacientes ¿Qué ocurrirá con los nuevos casos diagnosticados? ¿Cómo actuar cuando la dirección del hospital pone en peligro la vida de un paciente al negarle la medicación? Exigimos a nuestros gobernantes que rectifiquen. No vamos a permitir que se sobrepasen ciertos límites, porque con la vida no se juega».

Existen evidencias científicas que la supuesta medida de ahorro causará graves perjuicios a nivel humano y económico que el gobierno parece no haber valorado. «La negación de la asistencia a las personas en situación irregular con VIH u otras enfermedades transmisibles e infecciosas, incrementará el número de nuevos casos y disminuirá la esperanza de vida, generando mayores costos sanitarios vía urgencias y hospitalización. Está claro que es una medida que atenta contra el bienestar social, un fracaso del sistema y un gran paso hacia atrás», afirma Jesús Ospina, epidemiólogo y miembro de REDVIH.

Desde REDVIH recuerdan que algunas Comunidades Autónomas como el País Vasco, Catalunya o Andalucía han manifestado que no cumplirán con esta medida y atenderán a todas las personas, pero existen dudas sobre cómo se hará, si la cobertura será completa o incluso si realmente se aplicará. Esto no hace más que aumentar la confusión «¿Nos encontraremos con que en algunas zonas se dispensará sin discriminar la medicación para el VIH y en otras no?», se preguntan.

En las últimas semanas, el Observatorio también está recibiendo el testimonio de varios profesionales de la medicina de otras comunidades a los cuales la dirección del hospital ya les ha comunicado que no se atenderá a los inmigrantes irregulares que se quedan sin tarjeta. A pesar de ello, muchos de estos profesionales manifiestan que, igual que ya han hecho otros 1.300 compañeros y compañeras hasta el momento, su intención es hacer objeción de conciencia y atender a todos los pacientes. Sin embargo temen las posibles consecuencias que les pueda generar a nivel laboral y legal.

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