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SESPAS afirma que no hay evidencia científica suficiente para adelantar la vacunación contra la varicela

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria se ratifica en su posición de defensa del calendario vigente en España, que introduce la vacuna a los 12 años.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha decidido recomendar la vacunación contra la varicela a los 12-15 meses de edad, y una dosis de revacunación a los 3-4 años, a instancias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con el apoyo de la mayoría de las Comunidades Autónomas. El coste de las dosis de vacuna necesarias se calcula en 6 millones de euros este año y 14,5 millones el próximo.

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) se ratifica en su posición de defender el calendario de vacunación vigente en nuestro país, manteniendo la administración de la vacuna de la varicela a los 12 años en los niños que no hayan pasado la enfermedad. Asimismo, considera que hubiera sido mejor “esperar y aplazar la decisión, en lugar de hacerlo de manera apresurada”, ya que la toma de decisiones en una cuestión tan sensible como las vacunas “debe generar confianza en la población”.

El criterio de vacunar en la adolescencia es el mayoritario en los países europeos, donde es la pauta admitida en 31 de ellos. A ella se han sumado este año Francia y Reino Unido. SESPAS considera que el acuerdo de hoy en el Consejo Interterritorial no se basa en nueva información científica posterior a la disponible en 2011, cuando se tomó la decisión vigente hasta hoy, y recuerda que no se han aportado informes de coste-efectividad ni de coste oportunidad. “La vacuna a los 12 años permitía la existencia natural de casos de varicela infantil y un reservorio circulante de gérmenes para mantener la revacunación espontánea y mantenida de toda la población, minimizando la existencia de casos en adultos, donde la varicela puede ser más grave”, destaca.

En opinión de SESPAS, la nueva propuesta de vacunación a los 12-15 meses puede provocar dudas en quienes se vacunan y efectos negativos en quienes no se vacunan (externalidad negativa) porque con esta pauta:

  • Se desconoce la duración de la inmunidad más allá de los 14 años
  • Se desconoce el momento óptimo de la segunda dosis; la decisión de revacunar a los 3-4 años parece aleatoria
  • No se sabe si se necesitarán dosis adicionales en el futuro para mantener la inmunidad, mientras que la enfermedad natural produce inmunidad de por vida
  • Se desconoce si la vacuna desplazará la existencia de casos a edades mayores, por tanto potencialmente casos más graves
  • No hay una estimación de la gravedad de los casos en vacunados, cuando sean mayores o deficientemente inmunizados
  • Es posible que aumenten las complicaciones por la enfermedad al aumentar la edad media de la infección
  • No hay una valoración plausible del mecanismo inmunológico del herpes zoster
  • Se desconoce el impacto de la vacunación en la frecuencia de casos de herpes zoster, sobre todo en no vacunados.

SESPAS se ha hecho eco de un análisis riguroso de los datos poblacionales, que no ha encontrado diferencias estadísticamente significativas ni en las hospitalizaciones, ni en la mortalidad por varicela, ni herpes zoster entre las comunidades autónomas que vacunaban a los 15-18 meses (Madrid y Navarra, Ceuta y Melilla) y las que vacunan a los 12 años, en el periodo 2005-2013. Tampoco en cada una de estas comunidades comparando el periodo anterior a la vacunación (1994-2004) y el posterior (2005-2011). Solamente se ha encontrado un efecto de magnitud baja con la vacunación para una de las variables estudiadas: la hospitalización por varicela. Habría que vacunar entre 2.478 y 10.847 niños de 0 a 4 años para evitar una hospitalización menos por varicela entre los niños vacunados que entre los no vacunados.

Con el acuerdo de hoy, SESPAS, formada por 12 sociedades científicas, lamenta que se haya perdido “otra oportunidad más de infundir rigor y confianza en las decisiones de salud pública, si se hubiera esperado y propiciado un debate científico sosegado en torno al valor de la vacunación, ventajas, riesgos y costes”. Por el contrario, “se ha adoptado una decisión apresurada y que podría responder a intereses ajenos a la salud pública”. No se han hecho públicos los motivos científicos y de oportunidad social de la decisión, ni se han tenido en cuenta informes internos del Ministerio que cuestionaban la decisión.

SESPAS exige, de nuevo, que se cumpla la Ley General de Salud Pública que en su artículo 11 establece que las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, y que deben ser públicos la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos.

A SESPAS le preocupa “la falta de independencia” y que se desprecien los costes para la sociedad mientras no hay transparencia sobre otros intereses. No obstante, no renuncia al debate en el caso de la vacuna frente a la varicela, y a defender sus posiciones, que siempre “estarán próximas a las necesidades colectivas y a la distribución equitativa de los recursos que se consideren científicamente efectivos y económicamente soportables”.

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  • Modificado por última vez en Jueves, 30 Julio 2015 12:00
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