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Un informe de la Fundació Víctor Grífols reflexiona sobre la interacción entre recursos públicos y privados en el sistema sanitario

La Fundació Víctor Grífols i Lucas ha elaborado un informe en el que se analizan las formas que ha ido adquiriendo la interacción público–privado en el sistema sanitario en un contexto de racionalización de recursos, así como las consecuencias que se derivan para la equidad y la sostenibilidad del sistema. Según Victoria Camps, presidenta de la Fundación, “se tiene que repensar la relación público-privado en la gestión de la sanidad, puesto que es el eje central alrededor del cual giran la mayoría de las propuestas para el sistema sanitario público”.

El informe, disponible en versión digital y papel solicitándolo a través de la web de la Fundació Víctor Grífols, se inicia con la opinión de Victoria Camps, Catedrática de Filosofía Moral de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), sobre la sostenibilidad de la equidad. La presidenta de la Fundación considera que es necesario eliminar los prejuicios que provoca asumir posturas radicales a favor o en contra de uno de los modelos de gestión de la sanidad y que una reforma estructural en sanidad no sólo tiene que cuestionar la sostenibilidad económica, sino que también tiene que analizar si la intervención privada tiene justificación ética o permite sostener el principio de equidad. También es necesario reflexionar si ciertas intervenciones privadas en el sistema público son un impedimento insalvable para garantizar el derecho a la protección sanitaria. Según Camps, “hace falta que los ciudadanos sean corresponsables de la operatividad de los servicios a los que tienen derecho y hay que determinar las necesidades básicas para que la garantía de universalidad responda a criterios de equidad y no a presiones sectoriales”. Finalmente, la presidenta de la Fundación apunta que el aplazamiento de la aplicación de las reformas sólo trae al descrédito y deterioro de la sanidad pública.

Por su parte, Guillem López, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, analiza el que se entiende por interés público en el debate social de la sanidad pública, puesto que apunta que la confusión procede del hecho que identificamos “público” con “Administración” y “privado” con “benefico crematístico”. En el capítulo “Buscando los términos justos del debate sanidad pública–sanidad privada”, López parte de los fundamentos del debate para adentrarse posteriormente en los puntos de controversia: desde qué ámbito se sirve mejor el interés público y cómo se tiene que entender el excedente. Finalmente, reflexiona sobre la reconsideración de la responsabilidad en los resultados de salud.

En la tercera sección del informe, Àngel Puyol, profesor titular de Filosofía Moral de la UAB, reflexiona sobre la ética, la eficiencia y la gestión privada. Puyol considera que a largo plazo se tendrá que llevar a cabo un replanteamiento más adecuado de los gastos en sanidad pública, puesto que en la actualidad se ha dado respuesta a una necesidad urgente de ahorro y no a una planificación racional y eficiente. Por otro lado, el profesor también apunta que la gestión privada de una parte de la sanidad pública podría ser parte de la solución del alto coste de acceso a las innovaciones médicas, fruto del rápido progreso en el conocimiento científico y tecnológico. Puyol aporta luz en el debate sobre si la gestión privada de la sanidad pública puede incrementar la eficiencia preguntándose primero si lo puede conseguir y, después, si perjudicará o beneficiará a la equidad.

Por último, Josep Fusté, director de análisis económico, estudios y prospectiva de la Unión (Asociación de Entidades Sanitarias y Sociales), identifica las dimensiones y los ejes sobre los cuales se produce la interacción público-privado en el sistema sanitario para describir, posteriormente, las formas más relevantes en que se plasma esta interacción variada. El análisis se desarrolla en el contexto del sistema sanitario catalán, el cual está insertado en el marco regulador del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Estado español. Tal como apunta Fusté en la introducción, “la realidad es mucho más compleja y rica que los posicionamientos extremos entre lo público y lo privado, con grados de interacción variados, que sirven para resolver problemas y afrontar retos, pero que también están sujetos a riesgos y efectos adversos que conviene controlar”.

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